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LA RED DEMOCRACIA JOVEN DE LAS AMÉRICAS Y LA REDLAD

ALERTAN SOBRE ATENTADO A LA SOBERANÍA DEL PUEBLO DE NICARAGUA Y VIOLACIÓN DE DERECHOS A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.

 

 

13 de junio de 2013

La Red Democracia Joven de las Américas y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad) alertan sobre los peligros que enfrenta la soberanía del pueblo de Nicaragua debido a lo posible construcción de un canal interoceánico por parte del Gobierno de Daniel Ortega Saavedra. El Presidente Ortega, con el apoyo de la bancada del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), planean la creación de un Canal Interoceánico en territorio nicaragüense cediendo territorio del país a una empresa china, sin consultar previamente a la población que habita en la zona y peor aún, pasando por alto el derecho a la consulta previa del pueblo indígena Rama y las comunidades indígenas Kriol que se verían directamente afectadas por el proyecto.

 

El pasado 11 de junio de 2013, organizaciones de la sociedad Civil nicaragüense emitieron un comunicado público expresando su inconformidad con la construcción de este proyecto que permitirá concesiones, privilegios, exoneraciones y exenciones, vistas como un atentado en contra de la soberanía nacional. Cabe destacar además que la propuesta de concesión del Gobierno nicaragüense, incluye la obligación del Banco Central de Nicaragua (BCN) de responder con sus bienes y las reservas internacionales del país ante una eventual disputa que se presente con la empresa china.

 

Preocupa la apresurada aprobación de  una  Ley de Canal interoceánico (Ley 800, creadora de las autoridades del canal), que servirá como marco de la concesión y que socaba, entre otras cosas, la inmunidad del Banco Central de Nicaragua, dejando de esta manera sin protección alguna al sistema financiero nicaragüense. Dicha ley, no indica cuál será la ruta del canal interoceánico, ni hace referencia técnica alguna. Sin embargo sí establece otorgar de forma ilimitada los recursos nacionales, en beneficio del inversionista y sus concesionarios por un término de 50 años.

 

Vale resaltar que el mismo presidente Ortega otorgó en 2009 (Titulo Comunal No. 010-18-12-2009) un territorio de  4,068.493 Km2  de área terrestre y 441,308 de área marítima a los indígenas Rama y Kriol bajo el lema: “Pueblos y Naciones Originarias Dueñas de sus Tierras”. Sin embargo, las tierras otorgadas se encuentran hoy en peligro de ser arrebatadas con el fin de crear el Canal Interoceánico. Esto viola claramente lo acordado en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas y la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA que exige la consulta a los pueblos indígenas y originarios sobre cuestiones que afecten su modo de vida. Es importante destacar que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua no se ha manifestado aún sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Territorial Rama y Kriol el 29 de agosto de 2012, en contra de la Ley del Gran Canal.

 

Ante estos hechos, la Red Democracia Joven de las Américas conformada por más de 80 jóvenes de más de 12 países de la Región y la RedLad, plataforma de más de 520 organizaciones, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la OEA y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):  

 

1)    Rechazan las acciones del Gobierno de Nicaragua y la bancada oficialista de la Asamblea Nacional  en lo que respecta al Canal Interoceánico y solicita la aplicación del Convenio 169 de la OIT relativo al derecho a la consulta de pueblos indígenas y originarios.

2)    Urgen a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses para que se manifiesten contra los hechos y exijan respeto a la autonomía del Banco Central de Nicaragua, así como la realización de la respectiva consulta ciudadana.

3)    Desconocen la legitimidad de una ley que tiene como objetivo contrariar y reformar la Constitución Política de Nicaragua con la firme intención de darle aspecto de legalidad a una serie de actos que ponen en peligro la representatividad ciudadana en dicho país, además de ser una ley que no ha sido consultada a pueblos indígenas y comunidades afectadas directa e indirectamente por el proyecto, así como sometida a los debidos procesos de socialización.

4)    Hacen un llamado a los gobiernos democráticos  de América Latina y las organizaciones de la sociedad civil del continente para que exijan al gobierno de Nicaragua el respeto de la soberanía del pueblo nicaragüense y a su Constitución política y legislación interna, así como de los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte del ordenamiento jurídico del país.