GOBIERNO ECUATORIANO INSISTE EN ATACAR A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) Y VIOLENTAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Agosto de 2013

El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad) alerta sobre la reiterada persecución hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte del gobierno ecuatoriano.

La pasada Asamblea General de la OEA en Guatemala, rechazó la propuesta de debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) lanzada por Ecuador hace un par de años. Igualmente, el gobierno de Rafael Correa lanzó una iniciativa para eliminar facultades a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión la cual, en sus informes, ha demostrado la violación de libertades fundamentales de prensa y expresión en Ecuador, el cierre parcial de medios de comunicación, la manipulación del sistema judicial y la persecución de periodistas.

Durante la inauguración de la XII Cumbre del Alba (30 de julio de 2013), desarrollada en Guayaquil, el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa cuestionó la racionalidad, imparcialidad y arbitrariedad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de los organismos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Ello en un contexto en el que, en menos de dos meses, se ha anunciado el inicio de un proceso de cuatro demandas ante la CIDH contra el Gobierno ecuatoriano por presuntas violaciones de derechos humanos. Las causas serían interpuestas por la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador (CDH), por la prefecta electa de la provincia de Esmeraldas,  Ing. Lucía Sosa, destituida por un fallo de la Corte Constitucional,  y por un colectivo de más de 101 policías recientemente retirados de la Institución Policial. 

Las acciones del gobierno de Ecuador contra el SIDH se han tratado de disfrazar con un supuesto interés en “mejorar el sistema”, cuando el país vive serios retrocesos en materia de derechos humanos, estado de derecho y libertades fundamentales. Acciones directas del gobierno contra la libertad de expresión, control de los poderes por parte del poder ejecutivo, uso de los tribunales para perseguir a la disidencia y la persecución a las organizaciones y líderes de la sociedad civil.

Recientemente, el gobierno de Rafael Correa ha seguido con su estrategia de limitar las libertades fundamentales y ha entrado en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 16 “Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas” orientado a regular y controlar las organizaciones de la sociedad civil violando el derecho de libre asociación. El decreto pone limitantes al registro de organizaciones, las OSC están obligadas a aceptar a miembros (lo cual las obliga a tener dentro de las organizaciones incluso personas contrarias/hostiles a la institución o personas cercanas al gobierno), establece gran discrecionalidad y desproporcionalidad por parte del gobierno en la disolución de las OSC y el los requisitos de información que puede solicitar y en general contiene un marco regulatoria contrario a la libertad de asociación, operación y financiamiento de organizaciones de la sociedad civil. El Decreto Ejecutivo No. 16 se suma a la polémica Ley Orgánica de Comunicación y otros instrumentos que se han promulgado con el fin de poner limitantes a las libertades ciudadanas.

Es importante mencionar, la existencia de acciones de inconstitucionalidad presentadas que indican que el Decreto Ejecutivo No. 16, constituye una clara violación de varios derechos fundamentales y vulnera la Constitución Política imperante.

El Secretariado Permanente de la RedLad, plataforma de más de 520 organizaciones que abogan por los derechos humanos y libertades fundamentales, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la OEA y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):

·         Hace un llamado a los gobiernos democráticos del continente para que se manifiesten contra la reiterada persecución del gobierno ecuatoriano en contra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, espacio de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales al que tienen acceso los ciudadanos y las ciudadanas latinoamericanos, los activistas y defensores/as cuando se ven en peligro.

·         Solicita al Gobierno ecuatoriano desistir en su campaña de desprestigio y amenazas en contra de una de las instituciones baluartes e históricas en la defensa de los derechos humanos de los y las habitantes de América Latina y el Caribe. Particularmente, hace un llamado de alerta a la comunidad internacional ante la reciente entrada en vigor del Decreto Ejecutivo No. 16 y la Ley Orgánica de Comunicación los cuales son un nuevo atentado del gobierno de Ecuador contra las libertades de expresión y asociación. 

·         Insta a las organizaciones de la Sociedad Civil para que expresen la necesidad que tiene para la ciudadanía, la existencia de la CIDH y de las medidas cautelares de protección de víctimas frente a violaciones de sus derechos humanos.