El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre la aprobación de un paquete de reformas constitucionales en Nicaragua que debilitan aún más el ejercicio democrático en el país y menoscaban las libertades individuales.

 

La primera propuesta de reformas enviadas por el Presidente Daniel Ortega, tuvo que ser redefinida y aligerada debido a la oposición de la ciudadanía, partidos políticos, Iglesias y sectores económicos. No obstante, la propuesta aprobada en primera legislatura por la Asamblea Nacional de Nicaragua incluye como ejes centrales, los siguientes:

 

1)    La reelección presidencial indefinida,

2)    La ampliación de poderes del Ejecutivo con la facultad de emitir decretos administrativos, el control del espectro radioeléctrico y de telecomunicaciones.

3)    La reorganización militar al servicio del poder ejecutivo y la capacidad del Presidente de nombrar en cargos públicos a oficiales generales sin que éstos deban renunciar a su vida militar.

4)    La creación de instancias de “diálogo permanente” con empresarios y sectores económicos sostenidos al margen de la legislación vigente.

5)    Transformación de las características de los escaños parlamentarios los cuales pertenecerían a los partidos políticos y no a los diputados electos.

6)    Cambio en los períodos de elección de las alcaldías.

7)    Inclusión de ideales bajo un modelo autoconcebido como “socialista y cristiano”.

 

La sesión parlamentaria sostuvo un quórum de 83 de los 92 diputados que componen el Parlamento nicaragüense. El oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuenta con 63 escaños lo cual hizo sencilla la aprobación dado que el mínimo de votos requeridos es de 56. Finalmente, la propuesta fue aprobada con 64 votos a favor, 23 en contra y 0 abstenciones.

 

Si bien, la propuesta inicial contenía pretensiones como el control del acceso a internet, regulación de medios de comunicación y otras reformas, la versión aprobada es consecuente con un espíritu continuista del gobierno de turno y sus concepciones ideológico-políticas y no atiende a una visión de reforma democrática. Vulnera el principio de alternabilidad del poder política, acrecientan el clima de debilitamiento del Estado de Derecho, fomenta las actitudes autoritarias, centralistas y controladoras y son consecuentes con las reformas dadas en países como Venezuela y Ecuador cuyo retroceso democrático se ha visto representado en las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales perpetradas desde los respectivos aparatos gubernamentales.

 

El paquete de propuestas de reforma, espera solamente la ratificación del Parlamento en segunda legislatura, lo que se prevé para enero de 2014.

 

La reforma, si bien permite la reelección presidencial indefinida, lo prohíbe para aquel "que lo hubiere ejercido por dos períodos presidenciales". Aunque Daniel Ortega ostenta actualmente su tercer mandato, tras la disposición de la Corte Suprema de Justicia en 2010, que indicaba que el impedimento a reelegirse violentaba los derechos del Presidente.

 

Es notoria la tendencia de la Reforma a legalizar actos que han sido formalizados "de facto", entre ellos disposiciones constitucionales que impedían la reelección, la ley que permite la concesión del Canal interoceánico, prórrogas indefinidas a funcionarios electos por la Asamblea en diferentes poderes del Estado. De igual manera, es una reforma creada para darle un traje más ajustado al Presidente Ortega, sin ningún beneficio directo palpable para el pueblo de Nicaragua. 

 

El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la supremacía democrática, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la OEA (Organización de Estados Americanos) y Capítulo Regional del WMD (World Movement for Democracy):

 

·         Considera que las reformas aprobadas constituyen un claro retroceso democrático, una violación a la independencia de poderes y a la participación ciudadana.

 

·         Manifiesta que las reformas abren paso a la violación de libertades fundamentales en particular, al control de las telecomunicaciones y frecuencias radiales, lo cual socava la libertad de prensa y expresión.

 

·         Se solidariza con las organizaciones sociales y ciudadanía nicaragüense que se encuentran manifestando en contra del paquete de reformas.

 

 

·         Hace un llamado a los gobiernos democráticos del mundo, a los cuales alerta sobre las pretensiones del actual gobierno nicaragüense de debilitar los más importantes principios que rigen los valores democráticos como lo son la independencia de poderes, la alternabilidad política y el respeto de las libertades fundamentales.